La Comunicación Comunitaria en Colombia: Un Bastión para la Defensa de los Derechos Humanos
En el complejo entramado social y político de Colombia, la comunicación comunitaria ha surgido como una herramienta vital para la defensa y promoción de los derechos humanos. A través de medios de comunicación alternativos y populares, diversas organizaciones y comunidades han encontrado una voz para expresar sus realidades, denunciar injusticias y construir narrativas propias que desafían el discurso hegemónico. Este ejercicio de comunicación, sin embargo, no está exento de riesgos, enfrentando a sus actores a graves amenazas en un país marcado por el conflicto y la violencia.
La comunicación comunitaria en Colombia se erige como un pilar fundamental para el ejercicio de derechos como la participación ciudadana, el desarrollo social, la convivencia pacífica y la consolidación de valores democráticos. Medios como emisoras de radio, canales de televisión, periódicos locales y plataformas digitales se convierten en espacios para el diálogo, la educación y la promoción cultural, permitiendo a las comunidades visibilizar sus problemáticas, identidades e intereses.
El Impacto Directo en la Defensa de los Derechos Humanos
Diversas iniciativas a lo largo del territorio colombiano evidencian el impacto tangible de la comunicación comunitaria en la protección de los derechos fundamentales. Organizaciones sociales han encontrado en estas formas de comunicación una manera de convertirse en fuentes primarias de información y agentes de cambio en la narrativa sobre la defensa de los Derechos Humanos.[1][2]
Ejemplos emblemáticos ilustran esta labor:
El Tejido de Comunicación de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), conocido como Çxhab Wala Kiwe, utiliza la comunicación como una herramienta política para fortalecer los procesos organizativos de los pueblos indígenas, visibilizar las dinámicas de sus comunidades y generar cambios.[1][2]
El Equipo de Comunicación Rural de las Organizaciones de Poblaciones Desplazadas Étnicas y Campesinas (OPDS) en Montes de María trabaja en el diseño e implementación de estrategias de comunicación que impulsan diálogos locales y posicionan agendas sociales, promoviendo la investigación y la educación popular con enfoque de Derechos Humanos, Género y diversidad cultural.[1]
Medios en Bogotá, a través de convocatorias distritales, contribuyen a la construcción de la memoria histórica, el tejido social, la reconciliación y la convivencia ciudadana.[3]
Las radios comunitarias en el departamento del Cauca han jugado un papel crucial en la promoción del derecho a la paz, incluso antes de la firma del Acuerdo de Paz, trabajando para disminuir las tensiones generadas por el conflicto armado.[4]
Estos medios no solo informan, sino que también se convierten en mecanismos de protección al difundir mensajes que promueven y defienden a las comunidades.[2] Su labor es fundamental para preservar la memoria ancestral y transmitir saberes y conocimientos.[1][2]
El compromiso de los comunicadores comunitarios con la verdad y la justicia social los expone a graves peligros en Colombia. La violencia y las amenazas contra periodistas han aumentado significativamente, alcanzando en 2022 la cifra más alta de amenazas en 15 años.[5]
Los comunicadores comunitarios son particularmente vulnerables. El asesinato de Wilder Córdoba, director del canal comunitario Unión Televisión, quien realizaba denuncias y veeduría, y de Rafael Moreno, director de Voces de Córdoba y reconocido líder social, son trágicos ejemplos de los riesgos que enfrentan.[5]
Los periodistas indígenas, que informan desde el epicentro de los conflictos por la tierra y la violencia de grupos armados, también enfrentan una situación de alta vulnerabilidad.[6] La estigmatización y la precariedad laboral se suman a las amenazas de muerte, la autocensura y la impunidad que rodean las agresiones en su contra.[7][8]
Un Marco Legal y Político en Construcción
Reconociendo la importancia de la comunicación comunitaria, en Colombia se han desarrollado marcos normativos y políticas públicas para su fomento y protección. La Constitución de 1991 sentó las bases al reconocer la diversidad cultural y el derecho a la comunicación.
Más recientemente, la Política Pública de Comunicación Comunitaria de Bogotá (2023-2034) busca promover el reconocimiento de estos procesos comunicativos como promotores del desarrollo social, cultural y político.[3] A nivel nacional, se han presentado proyectos de ley para fortalecer los medios comunitarios y alternativos, buscando garantizar su sostenibilidad y ampliar su alcance.[9]
El Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP también reconoció el papel crucial de los medios comunitarios en la construcción de paz, incluyendo la creación de emisoras en los territorios más afectados por el conflicto para fortalecer el acceso a la información y la pluralidad de voces.[5]
A pesar de estos avances, los medios comunitarios enfrentan desafíos significativos como la sostenibilidad económica, la falta de infraestructura tecnológica adecuada y vacíos legales que deben ser abordados para garantizar su fortalecimiento y la protección de quienes los hacen posibles.[10][11] En definitiva, la comunicación comunitaria en Colombia representa una lucha constante por el derecho a la información y la libertad de expresión, un ejercicio valiente que, a pesar de los riesgos, sigue siendo un pilar fundamental en la construcción de una sociedad más justa y democrática.
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