La Reforma Integral a la Ley 30 de 1992 es el resultado de más de tres décadas de movilización social, participación y construcción colectiva de generaciones de jóvenes que han exigido la garantía del derecho a la educación superior. Hoy, el Gobierno del presidente Gustavo Petro da un nuevo paso para hacer realidad esa demanda histórica con una reforma que transforma el modelo de educación superior en Colombia.
El primer paso fue fortalecer la financiación de las instituciones públicas de educación superior. Con la Ley 2568 de 2026, que modificó los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, el Gobierno garantizó una base financiera más sólida y progresiva para su sostenibilidad. Sobre ese avance, impulsa ahora la Reforma Integral a la Ley 30, construida mediante el diálogo con estudiantes, docentes, rectores, trabajadores, organizaciones académicas y actores territoriales, para fortalecer la educación superior como un derecho fundamental y un bien común, ampliar las oportunidades de acceso, permanencia y graduación, consolidar las instituciones públicas de educación superior e impulsar la investigación, la ciencia, la tecnología y la innovación como motores del desarrollo de las regiones y del país.
- Impacto Institucional: Pretende dar estabilidad a las universidades estatales para planear su crecimiento a largo plazo. [1]